viernes, 22 de febrero de 2008

Notas en Medios

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Lunes, 08 de Septiembre de 2008

Media sanción a una ley que regula la atención post aborto
“La iniciativa busca dar cumplimiento a los derechos humanos de toda mujer en esa situación y a brindársele la intervención oportuna y la atención médica humanizada”, aseguró Alicia Gutiérrez

La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez (Bloque Sí), el que adhiere a la Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto implementada por resolución Nº 989/05 del Ministerio de Salud de la Nación.El espíritu de esta ley se basa en dar cumplimiento a los derechos humanos, y en particular al derecho de toda mujer en situación de aborto, a brindársele la intervención oportuna y la atención médica humanizada incluyendo propuestas alternativas de anticoncepción desde una visión integral.Alicia Gutiérrez destaca que la Comisión Económica para América Latina (Cepal) reconoce y denuncia que en nuestro país la muerte materna es la resultante, entre tantas otras causas, de abortos realizados en condiciones inseguras, de alto riesgo, y que afecta en forma directa a las mujeres en situación de desamparo social y escasísimos recursos.“Si a esto agregamos los factores culturales, religiosos y legales, que hacen que las mujeres oculten la interrupción de su embarazo, resulta difícil, si no imposible, establecer la tasa de mortalidad por hemorragias obstétricas que incrementan las estadísticas en los hospitales públicos, y que generan el debate en la salud pública al incluir las muertes por abortos en el perfil epidemiológico de la población”, aseguró la diputada.La legisladora de Solidaridad e Igualdad asevera que, si frente a un embarazo no deseado, ser pobre es una carga, ser niña adolescente es casi una tragedia. La situación de temor, de vergüenza, instalan como única salida el aborto clandestino.
Las consecuenciasLa consecuencia de esta práctica arroja resultados que van desde la muerte a la esterilidad. Las condiciones en las que llegan las pacientes al hospital son variables que contemplan el legrado post aborto, y junto con ello la probabilidad de secuelas que inciden de manera negativa en una instancia de reproducción posterior.La Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud de la Nación elaboró un documento guía para el mejoramiento de la atención post aborto que establece indicaciones de cómo recibir, informar y orientar a las mujeres con una complicación por aborto, de su verdadero estado clínico, de los procedimientos a ser realizados y decisión libre e informada sobre sus opciones anticonceptivas.En ella se enfatiza la necesidad de brindar un trato humanizado a las pacientes, respetar la confidencialidad y el derecho de tomar decisiones sobre su salud y fertilidad.
“Se indican además, los requerimientos, medicamentos, insumos y técnicas a emplear.”Se indica además, a los profesionales médicos los requerimientos en equipamientos, medicamentos, insumos y técnicas a emplear en la extracción del contenido uterino.Contiene por último un protocolo para la anticoncepción post aborto, el que debe ser ofertado, respetando la elección libre e informada para prevenir embarazos no deseados.El objetivo principal es que esta guía sea repartida en los centros de salud, maternidades, hospitales y demás efectores públicos en el territorio de la provincia. Consecuentemente, el motivo de la presentación de este proyecto, se funda a partir de una perspectiva global del derecho a la salud y a la atención médica, universal y gratuita, tema pendiente en el diseño e implementación de políticas públicas para la consecución de una mejor calidad de vida.“La Constitución nacional establece como derechos básicos de todos los hombres y todas las mujeres el derecho a la vida, a la libertad, a la salud; a la privacidad, a la igualdad de oportunidades y a la igualdad frente a la justicia”, fundamenta la diputada por el Sí.
Contenido• Se enfatiza la necesidad de brindar un trato humanizado a las pacientes, respetar la confidencialidad y el derecho de tomar decisiones sobre su salud y fertilidad. Se indica además, a los profesionales médicos, los requerimientos en equipamientos, medicamentos, insumos y técnicas a emplear en la extracción del contenido uterino.• Contiene, por último, un protocolo para la anticoncepción post aborto.
El 27% de las muertesUn estudio del Cedes llevado a cabo en seis provincias determinó que el 27,4 por ciento de las defunciones maternas se debe a complicaciones por abortos inseguros.El aborto es la principal causa de muerte materna y tiene particular incidencia en los sectores más desfavorecidos. Si bien es una situación muy conocida entre las organizaciones de derechos humanos, en este caso, lo confirma un estudio académico realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).Las conclusiones del trabajo, que abarcó casos de todo un año en seis provincias, remarcan la necesidad de que el Estado intervenga sobre las complicaciones producidas por abortos inseguros y apunta también a la cuestión legal: la descriminalización del aborto.“Es necesario mejorar la capacidad técnica y la calidad del trato en el manejo de las complicaciones de abortos, asegurar la consejería y la provisión de anticonceptivos post aborto a quienes se internan por complicaciones e introducir la aspiración manual endouterina para reducir el tiempo de internación y la morbilidad asociada a los legrados”, subraya el trabajo Mortalidad Materna en la Argentina, realizado por la especialista en el tema e investigadora del Cedes Silvina Ramos.


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Santa Fe, 24 de agosto de 2008.-
Criterios divididos en la Procuración

El crimen de Larrabure cuenta con aval judicial para su investigación

Tanto la agrupación Hijos Rosario como la diputados provincial Alicia Gutiérrez (Espacio Si) hicieron conocer su rechazo a la decisión del juez Marcelo Bailaque de continuar con la investigación del crimen del coronel Larrabure ocurrido en 1975.(ver al final de nota)

La Justicia federal rosarina rechazó un planteo de nulidad que buscaba frenar la causa abierta por el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure a manos de una célula del Ejército Revolucionario del Pueblo.
La Fiscalía de Rosario debe abrir la investigación para esclarecer el asesinato del coronel Argentino del Valle Larrabure, luego de haber estado secuestrado 372 días por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Así se desprende de la resolución de la Justicia federal de Rosario, que puso fin a un intento de un fiscal para frenar la decisión de su superior, el fiscal General Claudio Palacín, que promueve la investigación de ese homicidio por considerarlo de "lesa humanidad".
Según precisaron a DyN fuentes judiciales, el juez federal Marcelo Martín Bailaque resolvió rechazar un planteo de nulidad que buscaba frenar la apertura de la causa, pero no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre si el crimen de Larrabure fue o no de lesa humanidad.
El magistrado sólo otorgó un aval tácito a la decisión del Ministerio Público para que un fiscal abra una causa e investigue el crimen del ex militar, en el marco de una interna dentro de la propia Procuración.
Precisamente, el abogado de Larrabure hijo, Javier Vigo Leguizamón, aseguró a DyN que con esta decisión "fracasó la estrategia diseñada por el procurador general Esteban Righi para anular el dictamen" de Palacín que impulsaba la apertura de la causa y "prohibirle a los fiscales investigar los crímenes de la guerrilla como de lesa humanidad".
Los hechos
El 10 de agosto de 1974, el coronel Argentino del Valle Larrabure, de 42 años, fue secuestrado durante el asalto a la fábrica militar de Villa María, Córdoba, por militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo llevaron a una "cárcel del pueblo" en Rosario.
Después de 372 días de cautiverio, el cadáver de Larrabure apareció el 23 de agosto de 1975 con signos evidentes de estrangulamiento y golpes, según describió su hijo Arturo Larrabure.
La causa estaba archivada desde 1975, cuando se ordenó la captura de Aurora Brunet de González, pero en febrero de 2007, Arturo Larrabure reclamó que el caso fuese considerado de lesa humanidad porque, a su criterio, el homicidio fue cometido en el marco de un ataque sistemático a la población civil llevado a cabo por organizaciones terroristas.
El planteo, además, exponía que en mayo de 1973 el Poder Legislativo amnistió a los guerrilleros sin desarmarlos, suprimió la Cámara Federal y la legislación antiterrorista y dejó en libertad a varios de los que luego secuestraron a Larrabure, en el marco de otros crímenes y tomas de cuarteles.
También se advirtió la co-responsabilidad del Poder Ejecutivo, a cargo entonces de Héctor Cámpora, que indultó a los guerrilleros, y del Poder Judicial, que en el período l973-1976 no dictó condenas por esos hechos, dice el planteo.
Lo cierto es que los fiscales Francisco Sosa y Adriana Saccone dijeron que la víctima no murió en manos de organismos estatales o paraestatales y por eso, al no ser crimen de lesa humanidad, era un delito prescripto.
Los criterios
Sin embargo, el fiscal general Palacín estableció que el caso debía avanzar: advirtió que el ERP-PRT, en particular, Äcomo las agrupaciones guerrilleras, en generalÄ era una "organización revolucionaria" y que "la violación de los derechos humanos de Larrabure tuvieron lugar en ocasión de un conflicto armado, conforme los lineamientos de la jurisprudencia internacional que en la causa Milosevic" (referida al líder serbio), en donde "todo individuo indefenso, independientemente de su estado formal como miembro de una fuerza armada, debe considerarse civil".
Junto a la fiscal Saccone, el fiscal Moisés Vásquez pidió la nulidad de ese dictamen por entender que era la Cámara Federal la que debía habilitar la apertura o no de la pesquisa. Y fue así como en el marco de ese conflicto, ahora el juez Bailaque entendió que no correspondía anular el dictamen que avalaba la apertura de la causa, porque cumplía con todos los procedimientos.
En sus fundamentos, Bailaque dijo que no se entendía el "perjuicio concreto ocasionado" con la apertura de la causa, ni tampoco "cuál sería el motivo" para anular el dictamen si "la Constitución Nacional resguarda la independencia del Ministerio Público". Con esta resolución, Palacín resolvió que un fiscal se hiciera cargo de la causa para abrir una investigación.
Expresiones de rechazo
Tanto la agrupación Hijos Rosario como la diputados provincial Alicia Gutiérrez (Espacio Si) hicieron conocer su rechazo a la decisión del juez Marcelo Bailaque de continuar con la investigación del crimen del coronel Larrabure ocurrido en 1975.
La agrupación Hijos Rosario repudió enérgicamente la resolución del Juez Marcelo Bailaque en la que habría resuelto la calificación de "delito de lesa humanidad" al caso Larrabure. En tal sentido reiteró los argumentos planteados oportunamente cuando la resolución del Fiscal General Claudio Marcelo Palacín.
"Es preciso aclarar -sostiene Hijos- que en el desarrollo actual del derecho internacional, tanto consuetudinario como convencional, constituyen crímenes contra la humanidad actos como: el genocidio, el apartheid, la esclavitud, la práctica sistemática o a gran escala del asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas, la detención arbitraria, la reducción en estado de servidumbre o trabajo forzoso, las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos, las violaciones y otras formas de abusos sexuales, la deportación o traslado forzoso de poblaciones con carácter arbitrario; cuando fueran cometidos por un Estado o por grupos que operen con anuencia y complicidad del mismo".
En este marco "nos preocupa la confusión en que incurren algunas opiniones, asimilando la no investigación y juzgamiento oportuno de ese delito aislado con el exterminio masivo de militantes populares llevado adelante de modo sistemático por el terrorismo de Estado" y sostiene que "más absurdo y paradójico resulta aún en el hecho puntual del secuestro de Larrabure, en el que es de público conocimiento que sus ejecutores e ideólogos fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura, aplicándoseles de facto la pena de muerte a sus responsables".
Por su parte la diputada Alicia Gutiérrez (Espacio Si) declaró su más enérgico rechazo a la decisión del juez federal Marcelo Martín Bailaque que confirma el fallo del fiscal general Claudio Palacín en la causa Larrabure, reafirmando que el crimen es de lesa humanidad.
Consideró que "los delitos de lesa humanidad sólo pueden ser cometidos por el aparato estatal u organizaciones que actúen de conformidad con una política de Estado", tal cual lo ha definido la "Unidad Fiscal de Asistencia de Coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidos por el terrorismo de Estado" de la Procuración General de la Nación, mediante el fiscal general Jorge Aguat y el coordinador de la citada unidad Pablo Parenti, ratificadas por el Procurador General, Dr. Esteban Righi.
"Lo que intenta hacer este juez, sostiene Gutiérrez, siguiendo la línea del fiscal Palacín, es defender con pobres argumentos, supuestas teorías que confrontan con la verdad histórica, incurriendo en tergiversaciones de la realidad. Y esto significa intentar reflotar la teoría de los dos demonios, tal como pretende Cecilia Pando u otros defensores de la dictadura militar".
DyN


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Santa Fe, 24 de agosto de 2008.-

Tanatología y proyecto de Cuidados paliativos de Alicia Gutiérrez EspacioSI

Las Terceras Jornadas Provinciales de Tanatología tendrán lugar en el salón auditorio del Sanatorio Santa Fe, Suipacha 2253 de nuestra ciudad. Cuentan con el apoyo de ese sanatorio para su desarrollo y con el auspicio de la Universidad Nacional del Litoral y del Ministerio de Salud de la provincia.
La oportunidad también será propicia para "dar las pautas para el cuidado de las personas que atraviesan una enfermedad terminal, que son los cuidados paliativos, y los mecanismos de apoyo de aquella persona que ha sufrido alguna pérdida, ya sea de un ser querido como de cualquier otra pérdida, para buscar el significado de esa pérdida", según anticiparon.
Asimismo, advirtieron que "también se hablará sobre demencias, en el área de la Neurología, con invitados especiales, además del envejecimiento normal; la pérdida de las funciones cognitivas, que también son pérdidas, para ver cómo sobrellevar esta situación".
Las jornadas están dirigidas a representantes de organismos e instituciones, públicas y privadas, que traten estos temas, además de profesionales del equipo de salud, cuidadores de enfermos y al público en general, "porque entendemos que siempre puede haber un familiar o un amigo en su entorno que esté pasando por alguna situación que necesite este apoyo".
En este sentido, agregaron que, "más allá de que es el enfermo quien pierde físicamente o psíquicamente, es también la familia o los seres queridos los que también pierden en su relación con estos pacientes. Por eso, una de las finalidades de la Tanatología es el acompañamiento del enfermo y de los seres queridos".
Más información Aseit: teléfono 456-2935, de lunes a viernes, de 10 a 12; e-mail: seit-argentina@tanatologia.org; o en Pedro Ferré 998, lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 19.30.
Proyecto sobre cuidados paliativos
En la última sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Alicia Gutiérrez (Espacio SI- Frente Progresista) presentó un proyecto de ley con el objeto de legislar acerca de los servicios de cuidados paliativos.
Se entiende por cuidados paliativos la asistencia a pacientes con enfermedades crónicas evolutivas e irreversibles, amenazantes o limitantes para la vida, insuficiencias orgánicas no trasplantables y/o enfermedades genéticas graves y degenerativas del sistema nervioso central; y/o pacientes que ya no respondan a los tratamientos curativos y a los cuales es necesario ahorrarles el sufrimiento tan pronto como sea posible para mejorar la calidad de vida para él y su familia.
La diputada Gutiérrez argumenta este proyecto de ley afirmando que entre los principios en los que se funda la terapia paliativa se encuentra el de brindar una asistencia integral del paciente que considere los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales. A través de él se promueve la autonomía del enfermo, respetando su dignidad y ofreciendo recursos científicos-técnicos y humanos capaces de resolver de manera óptima estas situaciones.
La legisladora santafesina hace hincapié en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que establece que los cuidados paliativos comprenden los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva, que ya no responde a un tratamiento curativo y donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspecto psicosociales cobran la mayor importancia, incluyendo además la contención y asesoramiento de los familiares de los pacientes terminales.
Alicia Gutiérrez en sus argumentaciones destaca que la implementación de los cuidados paliativos miden el interés de una sociedad por la dignidad de las personas que la integran.
De la redacción de El Litoral

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Edición Online 31-07-2008 11:12Última actualización 21:27
En cumplimiento de un decreto
Una comisión estudia el reingreso de cesanteados durante la dictadura
El cuerpo se reunió ayer por primera vez y está formado por la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; la diputada provincial Alicia Gutiérrez, en representación del Poder Legislativo, y Juan Carlos Pucianelli por la subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía

Una comisión creada por decreto del gobierno provincial centralizará la tramitación de las solicitudes y reingreso a la administración pública provincial de los empleados que fueron cesanteados durante la última dictadura militar.El cuerpo se reunió ayer por primera vez en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la ciudad de Santa Fe y tiene por objeto centralizar las tramitaciones para solicitar el reingreso a la planta permanente de los agentes que fueron separados de sus funciones por aplicación de las leyes N° 7.854 y 7.859, de 1976, o sus posteriores leyes de prórroga.En la oportunidad, quedó constituida la comisión, con la participación de la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta; la diputada provincial Alicia Gutiérrez, en representación del Poder Legislativo, y Juan Carlos Pucianelli por la subsecretaría de Recursos Humanos y Función Pública del Ministerio de Economía, tal como lo establece la normativa que regula este organismo.Además participaron representantes del personal cesanteado, así como Marcelo Delfor, por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y María Cristina Olmedo y Gaspar Sánchez por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). En ese sentido se decidió que los dirigentes sindicales formarán parte de la comisión, con voz pero sin voto.Durante la reunión se decidió crear un reglamento interno de la comisión y continuar los encuentros todos los miércoles a las 9, tal como indica el decreto firmado en mayo por el gobernador Hermes Binner y los ministros de Justicia y Derechos Humanos Héctor Superti y de Economía Ángel Sciara. Sobre las reincorporacionesLas solicitudes pueden ser realizadas por aquellos empleados que fueron separados de sus cargos por normas de la última dictadura militar, utilizadas como instrumentos de persecución política por el régimen de facto.En 1984 la ley provincial N° 9.528 facultó al Poder Ejecutivo a disponer el reingreso de quienes habían sido cesanteados "por razones de seguridad", por encontrarse "vinculados a actividades de carácter subversivo o disociador". En noviembre de 2007 se ampliaron los plazos estipulados por esta ley para solicitar el beneficio, y en ese marco en mayo de 2008 se dictó un decreto para crear una comisión que estudie las solicitudes.En los considerandos del decreto se consigna que "las experiencias de constantes violaciones a los derechos humanos fundamentales que se vivieron en la República Argentina alcanzaron carácter masivo, sistemático y de inusitada gravedad durante el régimen de terrorismo de Estado instaurado el 24 de marzo de 1976", frente a lo cual se expresó socialmente "una persistente demanda de verdad, justicia y reparación". En ese sentido, el Estado tiene deberes de "promover, respetar y garantizar los derechos humanos, incluidos los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, rehabilitar a las víctimas y asegurar los beneficios del Estado democrático de derecho a las generaciones presentes y futuras".


Edición del Viernes 16 de mayo de 2008Edición impresa Área Metropolitana

El Litoral
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Información sobre derechos en el parto
En el marco de la conmemoración de la Semana Mundial por un Parto y Nacimiento Respetado -del 12 al 16 de mayo, bajo el lema "Contacto inmediato y continuo: la clave de un buen comienzo"-, la diputada Alicia Gutiérrez, del ARI Santa Fe, presentó un proyecto de ley para adherir y difundir la Ley Nacional Nº 25.929.
En su artículo tercero, propone que "a los fines de la implementación de la presente ley, deberá exhibirse una cartelera en lugar visible, que provea información clara y precisa sobre los derechos de las mujeres embarazadas, en las áreas de Obstetricia y Ginecología de todos los establecimientos públicos y privados del sistema de salud de la provincia y en las sedes del Iapos".
Por este motivo, sugiere que la cartelera podría llevar el siguiente texto: "Futura Mamá: durante tu proceso de embarazo y parto, tienes derecho a ser protagonista de tu parto decidiendo lo que necesitas en cada momento del mismo; el embarazo y el parto no son una enfermedad, por lo que tienes derecho a ser tratada como una persona sana, que no necesita de procedimientos ni drogas invasivas; ser informada en manera sencilla sobre todo lo que ocurre durante el desarrollo del embarazo y parto; puedes elegir con libertad a una persona de tus afectos para que te acompañe en el parto; puedes elegir la posición para parir; puedes exigir que se respeten los rituales para el nacimiento que acostumbra tu cultura; puedes expresar libremente tus emociones; y el personal del equipo médico debe ser respetuoso de tu intimidad".
Saber y exigir
La legisladora recordó que "el 25 de agosto de 2004 se sancionó la Ley Nacional 25.929, llamada de parto humanizado, que legisla sobre los derechos de los padres e hijos durante el proceso del embarazo y del parto. Tiene como propósito garantizar los derechos de las mujeres para que en el momento de dar a luz sean respetadas en sus creencias étnicas y culturales; que se asegure el respeto a su intimidad y se garantice el acompañamiento del padre y/o persona de su confianza durante todo el proceso de preparto, parto y posparto".
Gutiérrez justificó su propuesta explicando que "el presente proyecto apunta no sólo a la adhesión de la provincia a esta ley nacional, de tanta importancia en materia de salud pública y derechos de las mujeres, sino que también promueve y potencia la difusión en todo el territorio provincial de lo establecido en dicho texto normativo. Para ello, es imprescindible que exista un cartel como el propuesto que indique qué derechos tienen durante el parto y sus etapas previas y posteriores. De esta manera, se garantiza el conocimiento de los derechos vigentes y su efectiva defensa".
Por último, precisó que "la publicidad de lo estipulado por la Ley 25.929 en lugar visible exige al equipo médico interviniente no desconocer la norma y posibilita a las usuarias del sistema de salud, tanto público como privado, a exigir su cumplimiento que -de otra forma- podrían no cumplirse, alegando su inexistencia y/o desconocimiento ante un cuestionamiento en caso de su violación".

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Jueves, 8 de mayo de 2008 · 17:59
Santa Fe
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Dirigentes del ARI expresaron su rechazo a la intervención al distrito Santa Fe
08-05-2008 11:44 hs.
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Ante la decisión de la Mesa Nacional del ARI de interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones partidarias del distrito Santa Fe , un grupo de dirigentes encabezados por Alicia Gutiérrez y Alberto Muñoz resaltó los siguientes puntos.1- Que el ARI de la provincia de Santa Fe se encuentra en medio de un proceso electoral interno de elección de autoridades partidarias, donde todos pueden expresar sus ideas y ponerse a consideración de los afiliados, solo pudiendo entenderse la intromisión nacional como un deliberado intento por impedir la democracia interna.2- Sostener la posición reiteradamente expresada por Santa Fe contra la utilización autoritaria del mecanismo de intervención para acallar diferencias y anular la discusión de ideas.3- Reivindicar la posición federalista que el ARI de Santa Fe junto a otros distritos, como Mendoza y Tierra del Fuego, han sostenido históricamente, en la convicción de que no se puede recitar la República hacia afuera y ejercer el autoritarismo hacia adentro.4- Remarcar nuestra pertenencia al Frente Progresista de la Provincia de Santa Fe, que ayudamos a construir desde un comienzo, sin las especulaciones y demoras que llevaron a la mesa nacional a aceptar la integración un año después.5- Informar que ante la actitud arbitraria e ilegítima de la Mesa Nacional, el ARI de la provincia de Santa Fe apelará judicialmente la mencionada decisión.6- Sostener la posición que el ARI de la provincia de Santa Fe ha discutido en sus cuerpos orgánicos y defendido en las asambleas nacionales rechazando los acuerdos con los personeros de la Argentina que tantas veces denunciamos: Patricia Bulrich, Lophez Murphy, Prat Gay, Santiago del Sel. Siguiendo las mismas palabras de Carrió: " No podemos aceptar convocatorias a escenarios cínicos de gatopardismo naciente. Que si cada uno sintió el dolor y el duelo de irse de algún lado, no es para volver a juntarse con los que nos expulsaron moralmente."7- Reivindicar nuestro derecho a pensar y accionar en base a convicciones respetando los distintos puntos de vista pero remarcando que el conflicto político se resuelve democráticamente.8- Remarcar que los espacios de construcción política son esencialmente colectivos y que la apropiación personal de dichos espacios por parte de quien ejerce el liderazgo es despreciar con soberbia el esfuerzo militante del conjunto. Cuando se actúa como si los partidos fuesen descartables, y se moldea la convicción de los militantes a la medida de los intereses del líder, el federalismo se vuelve una quimera y disertar sobre la República resulta una hipocresía.



05-05-08 Reflexiones, por Alicia Gutiérrez (*)
La Capital
La política no es una ciencia exacta
Cuando la política y la economía se simplifican en amigo-enemigo, se está intentando sumar adeptos, obsecuencias, verticalismos, para mantener el poder, o para enfrentar al poder actual con consignas, que generalmente no serían compartidas racionalmente.
Si dejamos el apasionamiento, peronismo-antiperonismo, si reflexionamos las causas del proceso de disputa actual por el poder, podremos observar algunos hechos que no podemos obviar.
La disputa por la ley de radiodifusión y el poder de los medios de comunicación, nos ofrecen un lamentable cambio editorial de periodistas que hasta hace dos meses eran kirchneristas y hoy son enemigos acérrimos. No somos tan miopes para no darnos cuenta que el gobierno y el grupo Clarín están disputando una gran torta, de la que los ciudadanos comunes jamás han de probar un bocado. Pero eso sí, desconfiemos de ambos, porque la verdad, es que argumentan cada uno para defender su interés económico.
Seguramente si analizáramos el rol del estado, mi posición estaría volcada hacia las políticas intervencionistas, que supuestamente ha de llevar a cabo el gobierno kirchnerista, ya que estimo que algunos trazos gruesos del neokeynesianismo, para equilibrar las asimetrías del libre mercado, son medianamente correctos. Pero si vemos su decisión de concretar el "tren bala" nos genera una sospecha de negocios, antes que favorecer los ramales ferroviarios para unir el país, incluso para abaratar los costos de fletes al interior.
Si pretendemos hablar de una democracia republicana, ligada a la transparencia en la gestión, evidentemente estaría en contra de la metodología llevada a cabo por el gobierno de cinco años del PJ.
Esta ambigüedad manifiesta, con la cual ambos sectores intentan posicionar a todo el país, detrás de sus intereses económicos, no son compartidos por el ARI Autónomo que represento.
En la discusión con el campo, se observó claramente una definición unilateral del gobierno nacional, sobreactuada con soberbia por parte de la presidenta y algunos de sus acólitos. Del lado del campo, no comparto el corte de rutas prolongado, ni el resultado de suba de precios como consecuencia del desabastecimiento causado, pero obviamente no es lo mismo Buzzi de Federación Agraria Argentina, los pequeños productores, ni los de la Argentina profunda, que la Sociedad Rural porteña, los grandes terratenientes, los pools de siembra, las cerealeras multinacionales.
Es necesario que el gobierno produzca una diferenciación notable entre los sectores en pugna. Están bien las retenciones a los grandes grupos y a los poseedores de grandes extensiones del territorio, pero no existe una política agropecuaria de crecimiento, ni reglas claras sobre dónde invertir o producir para los pequeños y medianos productores rurales. La sojización denunciada ha sido sostenida por el mismo gobierno, dada su falta de planificación de incentivos a otras producciones como diversificar cultivos, carnes, tambos o economías regionales.
Los sectores en pugna, gobierno y ruralistas deben sentarse a debatir sin amenazarse mutuamente. Los sectores más poderosos, deben aceptar que deben contribuir a distribuir equitativamente la riqueza. El gobierno debe ejercer su legitimidad democráticamente, su proyecto económico fue plebiscitado y apoyado, pero eso no es un cheque en blanco y no existe espacio para arbitrariedades, autoritarismo ni concentración de la riqueza del país en manos de amigos. Mucho menos continuar con una política prebendaria, que luego es utilizada para subordinar gobernadores, dirigentes y conciudadanos.
Es necesario que gran parte de las retenciones regresen a las provincias agropecuarias vía coparticipación, así lo ha reclamado nuestro gobernador Hermes Binner correctamente, como nunca los verticalistas gobernadores lo habían hecho. Es necesario, para poder revitalizar las zonas geográficas mas castigadas, para incentivar la producción industrial que genera trabajo con valor agregado, cosa que el campo no produce, para hacer obras públicas y ampliar la calidad de los servicios, la educación y la salud para inclusión social de los ciudadanos mas desposeídos de la población provincial.
Los sectores conservadores pretenden regresar a la época menemista, donde trasnacionales y capitalismo financiero se habían adueñado del país, Aún hoy estamos pagando los derroches de,la economía neoliberal, que llevó al país a la hiperinflación, al endeudamiento externo, a la quiebra de las industrias, a la mayor desocupación de la historia nacional, a la pobreza extrema y como su consecuencia, a la inseguridad que padecemos hoy.. Con esos sectores, los trabajadores, los pequeños productores, comerciantes, profesionales, empleados públicos, jubilados y jóvenes, no podemos estar, ya hemos vivido esos momentos aciagos para las grandes mayorías.
Pero tampoco hemos de aceptar la concentración del poder, la utilización de metodologías violentas, la corrupción escandalosa.
Desde nuestra posición política e ideológica, seguiremos bregando en la provincia para consolidar el proyecto del Frente Progresista, que avanza en la transformación de nuestra provincia. Que haya más hospitales, escuelas, mejores salarios, más trabajo digno y decente, libertad para decidir sobre nuestra forma de vida, sin paternalismos, libertad de prensa y de opinión de las minorías.
En la esfera nacional no hemos de participar en engendros electorales, si no definen programáticamente que tienen un direccionamiento ideológico progresista, que devuelva a los ciudadanos un sentido de progreso social permanente, donde nuestros hijos puedan tener un futuro de esperanzas, de crecimiento individual y colectivo, donde los valores morales no sean un eslogan de campaña electoral, sino un testimonio diario de conductas y en defensa de un proyecto de desarrollo con equidad social.
(*) Diputada provincial ARI Autónomo en el Frente Progresista



LA INCREIBLE HISTORIA DE JORGE "BARBA" CABRERA
Un torturador que vende pororó
En la dictadura fue un "especialista en torturas", según lodenunció el Tucu Constanzo. En los 90' trabajó en Defensoría del Pueblo y vendía pochoclo en el parque. Pedido de informes de la diputada Alicia Gutiérrez
El "barba" Cabrera, acusado judicialmente por tortura y homicidio en la Quinta de Funes. La diputada Gutiérrez solicitó detalles sobre su paso por la administración pública

Por José Maggi

Jorge Cabrera, también conocido como Andrés Cabrera, o por su alias el Barba tiene hoy sesenta años, un metro setenta de estatura, cabello canoso y bigote negro, tal como puede verse en la foto que ilustra la portada de Rosario/12 y que por primera vez se publica. Es el rostro del hombre señalado ante la Justicia Federal por Eduardo "Tucu" Costanzo como "el especialista en torturas" de la Patota de Feced. El que aplicó sus técnicas sobre Tito Mesziez, al igual que sobre Cambiasso y Pereira Rossi. Que de lunes a viernes era empleado de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, y los fines de semana se convertía en un inofensivo vendedor de pororó en Parque Sunchales. Al menos, hasta el año 2000.
Los dichos de Constanzo ante el juez federal subrogante Felix Angelini fueron la ratificación de la entrevista publicada por este diario: "Cabrera alias el Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, lo mandaron a hacer un curso. El resto ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Los que lo hacían eran él y Fariña. El Barba era el que la torturó a (Adriana) Arce, a (Tito) Messiez durante cinco horas lo torturó, es el que tortura a Cambiaso y Pereira Rossi dentro del camioncito en bulevard Oroño al fondo, cuando estaban haciendo la avenida de Circunvalación. En democracia empezó a trabajar en la Defensoría del Pueblo, pero no trabaja más, no sé dónde anda", había dicho Constanzo, quien además había apuntado al entonces responsable de la Defensoría, Norberto Nicotra como quien le dio empleo.
Preocupado por el paso de Cabrera por el Estado, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI en el Frente Progresista) solicitó se informe sobre el ingreso y actuación en la administración pública provincial de Cabrera, acusado judicialmente por su participación en la privación ilegítima de la libertad, tortura y homicidio de personas ocurridos en el centro clandestino Quinta de Funes.
Gutierrez pidió también "la fecha de ingreso a la Administración Pública Provincial, el listado de funciones asignadas, las fechas de ingreso, cese y responsables de las reparticiones administrativas en donde el represor Cabrera hubiere prestado servicios durante la vigencia de su relación laboral con el Estado Provincial, especificando particularmente las tareas desarrolladas en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe".
Además, la diputada del ARI quiere saber si el represor "continúa en la actualidad percibiendo haberes o remuneraciones de cualquier naturaleza o cumpliendo funciones en la Administración Pública Provincial, y en caso negativo, se detalle la fecha y las causales de la extinción del vínculo laboral".


En la misma línea, la Agrupación H.I.J.O.S. interpuso una presentación ante el Juzgado Federal Nº 4 de Rosario, solicitando la indagatoria y detención de Cabrera. La agrupación reseña que "a partir de las declaraciones de Costanzo, detenido con prisión domiciliaria, y de investigaciones periodísticas que revelaron documentos de inteligencia mexicana, es posible determinar la participación de Cabrera en el 'Operativo México' en enero de 1978, que tenía por objeto secuestrar y asesinar a exiliados Montoneros en la Ciudad de México". Los documentos de inteligencia mexicanos constituirían prueba determinante para acreditar la responsabilidad penal de Jorge Cabrera, quien habría ingresado a México bajo la identidad de "Carlos Alberto Carabetta".
En su comunicado HIJOS recuerda que "el proyecto criminal de 'Operación México' fue impulsado por Leopoldo Galtieri, entonces jefe del II Cuerpo de Ejército y autor intelectual del centro clandestino de detención que funcionó en Quinta de Funes. Luego de que los militares argentinos fueran expulsados de México, acusados de espionaje ilegal, inmediatamente el centro clandestino de detención de la Quinta de Funes fue desmantelado y sus presos trasladados a otro centro".
Para HIJOS es grave que Cabrera haya sido empleado público. "La gravedad de la situación radica en que, a la impunidad de la que gozó el represor Cabrera hasta el presente, por la comisión de crímenes aberrantes durante el terrorismo de Estado, se suma el paradójico y triste amparo recibido del Estado provincial a partir de la restauración de las garantías constitucionales. Esto muestra cómo las instituciones bajo la dirección del poder político cómplice, en contados casos sirvieron de refugio de aquellos que fueron responsables del plan genocida instaurado por el último gobierno de facto".


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